Se trata de la pulseada por la Ley de Financiamiento Universitario: entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto universitario cayó 29%, y el presupuesto 2026 asigna $4,8 billones, un aumento nominal del orden del 14% frente a 2025 que sigue muy lejos de los $7,3 billones pedidos por los rectores, según La Nación. Esa brecha está en el centro de una confrontación que mezcla números, reclamos legítimos por salarios y servicios, y acusaciones mutuas de politización.

¿Qué está en juego presupuestariamente?

La discusión no es solo retórica: según cálculos difundidos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el presupuesto 2026 implicaba inicialmente un aumento real de apenas 0,8% si se cumplían las proyecciones macro. La ejecución real, empero, ya había caído 29% entre 2023 y 2025, el nivel más bajo desde 2006, según La Nación. El Ejecutivo sostiene que aplicar la actualización establecida por la ley obligaría a reasignar 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios, citando un informe del Ministerio de Economía; por eso apeló ante la Corte Suprema y obtuvo la suspensión de la medida cautelar que obligaba a actualizar salarios y becas. Esos números explican por qué la pulseada pasó de un conflicto salarial a un choque institucional.

¿Quién paga y cómo se distribuyen los recursos?

Vemos dos relatos en choque: el oficial habla de riesgo de “quiebra del Estado” si se cumple la ley; las universidades denuncian recortes que afectan salarios y hospitales. Cerca del 90% de las partidas mensuales de las casas de altos estudios van a salarios, y en 2024 la movilización masiva forzó un aumento extraordinario para gastos de funcionamiento, recuerda La Nación. Hoy la UBA reclama casi $75.372 millones por hospitales universitarios de una partida cercana a $80.000 millones que, según la casa de estudios, no fue girada; el ítem “función salud” que sí se transfirió alcanza $34.506 millones, según la propia UBA. El Gobierno anunció que creará una comisión para rediseñar criterios de distribución; exigimos que sus actas, criterios y expedientes sean públicos y auditables.

¿Qué efecto concreto tiene esto sobre docentes, hospitales y futuro académico?

Los números muestran impacto real en personas: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó una caída cercana al 33% en términos reales de los salarios docentes desde noviembre de 2023 y reportó 10.000 renuncias ya concretadas. La UBA detalló bajas en facultades clave: 342 renuncias en Ingeniería, 438 en Exactas, además de cientos en preuniversitarios. Javier Curcio (Departamento de Economía, UBA) toma como ejemplo a un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva: cobra $1.060.054 y necesitaría $1.612.159 para recuperar poder adquisitivo previo al ajuste. Además, la directoraía del Hospital de Clínicas advirtió que podrían dejar de funcionar en 45 días sin fondos, según La Nación. Es decir: menos docentes, servicios sanitarios en riesgo y una fractura en la formación de las próximas cohortes.

Propuesta: transparencia, auditoría y prioridades claras

No es suficiente elegir bandos. Vemos una necesidad urgente de reglas claras: exigimos publicación íntegra de expedientes vinculados al presupuesto universitario, auditoría independiente sobre ejecución y criterios de distribución, y un debate parlamentario abierto donde estén todas las partes (rectores, asociaciones docentes, estudiantes, ministros y fiscales). El anuncio de una comisión por parte de la ministra de Capital Humano y del subsecretario de Políticas Universitarias es un primer paso, pero sin control público corre el riesgo de ser una caja negra. Protejamos primero los fondos destinados a hospitales universitarios y las paritarias docentes mientras se define la redistribución. Sin transparencia, la “batalla cultural” se transforma en captura institucional: la sociedad merece saber cuánto se gastó, en qué se gastó y por qué determinadas partidas quedaron sin girar.

Cerramos con una pregunta que debería ser obvia: si la educación pública es prioridad, ¿por qué no exigimos que cada peso destinado a ella sea visible y auditable? Si no pedimos cuentas ahora, quien pierde no será una facción política sino la generación que debería enseñar y curar mañana.