El Ministerio de Salud detectó presuntos sobreprecios extremos en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025; según LA NACION (11/5/2026) las brechas entre lo facturado y los precios de referencia van del 300% al 4.239%, y el informe interno habla de “desvíos técnicamente indefendibles”. Este primer dato resume lo esencial: estamos ante una investigación que combina montos millonarios, redes de proveedores con vínculos personales y un sistema de compras digitales que, lejos de transparentar, habría sido explotado para direccionar contratos.

¿Cómo se concretaron los sobreprecios?

El informe oficial, firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y reproducido por LA NACION (11/5/2026), relevó 37 facturas de seis proveedores por un total de $18.100 millones; Farma Salud concentró $7.900 millones. En casos puntuales la diferencia es escandalosa: un andador con un supuesto sobreprecio del 4.239% y sillas de ruedas con aumentos del orden del 2.000%, según la comparación del Ministerio con “valores referencia”. Además, la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter fue abonada por Andis en $425.000.000 contra $124.200.000 que había pagado el PAMI en marzo, es decir un 242% más (según LA NACION, 11/5/2026). El documento también documenta vínculos societarios y familiares entre proveedores, lo que alimenta la hipótesis de selección anticipada de oferentes.

¿Quiénes resultan responsables y cuál es el daño real?

La investigación judicial que tomó el expediente ya pidió 49 indagatorias y puso nombres: ex directores de la agencia, operadores comerciales y socios de firmas proveedoras, según la nota de LA NACION (11/5/2026). El fiscal Picardi sostiene que el Siipfis, el sistema digital de compras, fue vulnerado para simular competencia y favorecer empresas predeterminadas. En términos concretos, esto significa recursos del Tesoro destinados a prestaciones para personas con discapacidad que podrían haber sido desperdiciados: $18.100 millones pagados a seis firmas, facturas que superan ampliamente precios de mercado y, según el propio informe, alternativas nacionales que habrían cumplido la función clínica a menor costo. El perjuicio es doble: dinero público malgastado y demora en la entrega de prestaciones esenciales a quienes dependen de Andis.

¿Qué medidas son urgentes y cuáles debemos exigir?

No alcanza con la investigación penal: exigimos publicación completa de expedientes, auditoría independiente sobre las compras de 2024-2025 y debate parlamentario para sancionar reformas operativas en Siipfis, contratación y control de proveedores. Lo pedimos con datos: la existencia de 37 facturas por $18.100 millones y un andador valuado con 4.239% de sobreprecio (según LA NACION, 11/5/2026) obliga a medidas públicas y verificables. Además, ante la orden de peritaje de las grabaciones por parte del juez Ariel Lijo a fines de abril (según la causa), el Congreso debe requerir acceso a esas pericias y a los legajos de contratación. Proponemos también medidas administrativas inmediatas: congelamiento precautorio de pagos pendientes a los proveedores involucrados, auditoría forense contratada por organismos internacionales o universidades independientes, y la creación de un registro público de compras con comparadores de precios.

La discusión no es abstracta ni técnica: es una batalla por la eficacia del gasto y por la dignidad de personas con discapacidad que esperan una silla de ruedas o una prótesis. Vemos, otra vez, cómo un aparato pensado para agilizar adquisiciones puede convertirse en una trampa si quienes lo administran operan en redes de captura. Por eso insistimos: transparencia, auditoría independiente y debate parlamentario son condiciones mínimas para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos lleguen a su fin legítimo.