Cinco grandes casas editoriales y el escritor Scott Turow demandaron a Meta y a Mark Zuckerberg por haber utilizado “millones” de libros y artículos protegidos para entrenar el modelo Llama, según informó La Nación. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y exige reparación económica y medidas cautelares, incluida la destrucción de copias consideradas “piratas”.

¿De qué se trata, en concreto?

La acción judicial reúne a Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan y McGraw Hill más al autor Scott Turow y al Gremio de Autores, es decir cinco editoriales y representantes de creadores que acusan a Meta de práctica sistemática de uso indebido de contenidos protegidos (Según La Nación). En la presentación se afirma que Zuckerberg “autorizó personalmente” decisiones que permitieron la descarga y copia de obras sin licencia. La demanda cita ejemplos concretos: un modelo que habría admitido entrenamiento con una copia digital de la novela Se presume inocente, y el caso de un usuario que produjo una novela de 100 capítulos a partir de una sola indicación al modelo (Según La Nación). También se invoca un dato interno: entre enero y abril de 2023 se evaluó aumentar el presupuesto para licencias de conjuntos de datos de $17 millones a $200 millones, proyecto que habría sido descartado por orden de Zuckerberg (Según La Nación).

¿Por qué importa esto más allá de una disputa entre empresas?

No es solo una pelea por dinero: es una discusión sobre quién controla la información y qué se considera legítimo para entrenar sistemas que ya compiten en mercados culturales. Si aceptamos, por defecto, que las grandes plataformas puedan incorporar obras sin acuerdo, debilitamos la posición contractual de autores y editoriales que reclaman ingresos por su trabajo. Además, la demanda plantea un problema práctico: ¿quién responde cuando un modelo genera productos que compiten con obras humanas? La presentación en Nueva York se suma a litigios previos en 2025 en Francia y el Reino Unido, lo que muestra una tendencia global de resistencia de la industria cultural frente a prácticas de las empresas de IA (Según La Nación). En términos de reglas del juego, está en juego la naturaleza del “uso transformativo” —la línea que varios tribunales han ido delineando— y la posibilidad de que las empresas opten por pagar licencias o por externalizar el costo social de su desarrollo.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y qué exigimos?

En la Argentina, donde la industria editorial y los creadores suelen operar con márgenes reducidos, un fallo que considere ilícito el uso masivo de obras podría abrir espacio para acuerdos de licencia y nuevos ingresos por derechos. Vemos riesgos: plataformas extranjeras entrenadas con contenidos en español pueden competir con obras locales sin haber compensado a sus autores. También hay oportunidades: acuerdos internacionales de licencias o fondos de compensación podrían beneficiar a sellos y autores argentinos. Por eso exigimos coherencia pública: publicación de expedientes sobre contratos de datos y conjuntos de entrenamiento cuando haya participación de fondos o licencias estatales; auditoría independiente de quién suministra datos y qué contenidos se usan; y debate parlamentario para establecer normas claras de compensación, transparencia y responsabilidad. Esa postura es consistente con nuestra demanda previa sobre la gobernanza de la IA: exigimos publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario sobre el uso de IA en desarrollo de software y atención al cliente (Posición 2026-05-10).

En definitiva, la demanda contra Meta y Zuckerberg no es solo un capítulo judicial: es parte de la batalla cultural por quién define las reglas en la era digital. Si las grandes empresas deciden que la externalización de costos legales y morales es más rentable que pagar por las obras, las instituciones públicas deben intervenir para reequilibrar incentivos y proteger la creación. Exigimos transparencia, auditoría y un debate legislativo que no deje estas decisiones en manos de juzgados ni de directorios empresariales (Según La Nación).