El Gobierno defendió en video los cambios a la Ley de Salud Mental ante un auditorio de la Asociación de Psiquiatras de Argentina que reunió a 6.000 profesionales, y el proyecto ya fue girado a las comisiones de Salud y Legislación General del Senado, según La Nación. Lo esencial: la iniciativa busca recuperar la centralidad del médico psiquiatra en internaciones, modificar el umbral legal de ingreso involuntario y establecer un control judicial por seis meses con informes trimestrales. Vemos en estos anuncios una mezcla de legítima preocupación por casos extremos y de decisiones que requieren mucha más transparencia: el expediente completo, los estudios de impacto y la estimación presupuestaria deben ser públicos antes del debate final.

¿Qué cambios concretos propone el proyecto y qué implican?

El texto oficial aporta varias modificaciones que tocan definiciones, procesos y responsabilidades clínicas. Primero, propone sustituir el concepto vigente de ‘riesgo cierto e inminente’ por ‘riesgo grave de daño para la vida o la integridad fisica’, y unificar términos con códigos diagnósticos internacionales, según la presentación citada por La Nación. Segundo, plantea que antes del alta de una internacion voluntaria haya evaluacion por un equipo interdisciplinario; muchos ingresos breves, dicen, terminan con recaidas. Tercero, introduce un control judicial durante seis meses tras altas involuntarias, con informes cada tres meses, para incrementar la adhesion al tratamiento. Estas medidas afectan derechos y procedimientos: la alteracion del umbral de internacion y la participacion judicial requieren pruebas de eficacia, y hay que contrastarlas con la Ley N° 26.657 sancionada en 2010 para evitar retrocesos legales.

¿Cómo impacta esto en la atencion, las camas y el presupuesto?

El ministerio arguye que la reforma ayudara a ‘evitar la puerta giratoria’ y a reducir costos por internaciones recurrentes, y propone integrar hospitales generales, especializados e instituciones en la red de atencion para aportar camas, según La Nación. En la presentacion se menciono que se escucho a las 24 jurisdicciones, lo que sugiere alcance federal. Sin embargo, no se acompañaron cifras publicas de cuantas camas faltan, el costo fiscal de la obligatoriedad familiar ni un analisis economico del traslado de internaciones entre efectores. Si la idea es ampliar plazas, necesitamos saber cuantos puestos de internacion implicaria, su costo anual y el origen de financiamiento. Sin esos datos, la promesa de eficiencia corre el riesgo de convertirse en transferencia de carga hacia hospitales generales y familias sin recursos suficientes.

¿A quien beneficia, que riesgos abre y que pedimos como sociedad?

Vemos dos vectores: alivio a quienes enfrentan crisis severas y mayor control profesional y judicial sobre internaciones; y, al mismo tiempo, el riesgo de normalizar internaciones por criterios menos exigentes y trasladar responsabilidad a las familias. La obligatoriedad de que los familiares ‘se hagan cargo’ necesita definiciones y protecciones concretas, porque exigir legalmente cuidados sin recursos es hablar de deberes sin medios. Por coherencia con reclamos previos sobre transparencia, exigimos tres pasos ineludibles antes del tratamiento legislativo: 1) publicacion inmediata de todos los borradores y del expediente administrativo que originó el proyecto; 2) una auditoria independiente sobre impacto clinico, juridico y presupuestario, con plazos y recursos estimados; 3) audiencias publicas en las comisiones del Senado con familias, profesionales, asociaciones de pacientes y organismos de derechos humanos. El proyecto fue presentado en el 39o Congreso Argentino de Psiquiatria y debe transitar el Congreso con datos y debate, no solo con argumentos emotivos.

En suma, compartimos la urgencia por mejorar el abordaje de cuadros severos, recordando casos tragicos citados por la presentacion, pero insistimos en que cambiar marcos legales que tocan libertades y responsabilidades exige transparencia, pruebas de eficacia y un mapa claro de recursos. Sin eso, corre el peligro de ser un parche que modifique derechos sin resolver las causas estructurales del problema.