La Imprenta Nacional de Colombia salió a defender este lunes el nuevo esquema de expedición de pasaportes y subrayó que las 1.500 muestras mencionadas en la polémica correspondieron a una fase de pruebas técnica, no a libretas destinadas al público (Infobae, 27/4/2026). En otras palabras: la entidad pide no juzgar una transición por un fragmento de su implementación y reclama que cualquier conclusión se base en pruebas judiciales y contratos publicados.

¿Qué dice la Imprenta y qué aún exige claridad?

La explicación oficial sostiene dos puntos concretos: primero, que la “fase inicial” contempla apoyos externos para garantizar continuidad del servicio; segundo, que la producción de 1.500 ejemplares obedeció a pruebas de validación, no a comercialización (Infobae, 27/4/2026). Es razonable que una transferencia tecnológica incluya etapas de soporte. Pero no es suficiente. Necesitamos ver los contratos, las cláusulas de transferencia de tecnología, los plazos y las garantías técnicas: sin esos documentos no se puede verificar si la meta real es autonomía estatal o dependencia prolongada.

La discusión pública ya llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Procuraduría realizó una visita preventiva; eso no demuestra culpabilidad, pero tampoco es excusa para el secretismo. Por transparencia y por la seguridad de millones de ciudadanos — Colombia tiene aproximadamente 51,6 millones de habitantes según DANE (estimación 2023) — corresponde abrir expedientes y someter el convenio a auditoría independiente (DANE, 2023).

¿A quién beneficia este convenio y por qué nos debería importar?

La retórica oficial habla de “trasladar capacidades estratégicas al Estado”; esa es la meta legítima que cualquier nación persigue en documentos de alta seguridad. Sin embargo, en la práctica la transferencia técnica puede convertirse en fachada si los términos permiten a proveedores mantener controles críticos o monopolios sobre insumos. La sospecha que encendió la mención de proveedores extranjeros y empresas bajo investigación no desaparece porque la Imprenta lo niegue; exige datos. Pedimos, como en otras controversias recientes, la publicación completa de expedientes y cláusulas (ver posiciones previas: 24/04/2026 y 26/04/2026).

Además, la dimensión regional importa: un pasaporte es un activo soberano. Si la logística, personalización o custodia quedan condicionadas por proveedores externos, la seguridad del documento — y por ende la de los ciudadanos — puede verse comprometida. Por eso no basta con comunicados; hace falta un informe técnico público y una auditoría con acceso a los contratos y al control de calidad.

¿Qué pedimos y cómo se articula con posiciones previas?

Nuestra exigencia es coherente y repetida: publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario. Esa demanda no es teoría: la pedimos el 24/04/2026 respecto al caso Bioceres y el 25/04/2026 sobre posibles conexiones entre SIRA y financiamiento irregular (archivo de columnas internas). No hacemos excepciones según el color político del gobierno: la fiscalización es una regla, no un acto de guerra partidaria.

También proponemos medidas concretas: 1) publicació n íntegra de contratos y anexos; 2) auditoría técnica con peritos internacionales y acceso a la cadena de custodia; 3) informe público sobre plazos de transferencia tecnológica y calendarios de independencia operativa. Sin esos pasos, la retórica sobre “transición” queda sujeta a interpretación y a la voluntad del proveedor.

La Imprenta puede tener la razón en materia técnica; lo que no puede tener es el monopolio del relato. La transparencia no es un castigo sino la condición mínima para que una política de Estado deje de ser una caja negra. Exigimos pruebas, expedientes y garantías verificables para que, más allá de la defensa institucional, la ciudadanía y los órganos de control puedan confirmar que la soberanía documental no quedó en manos ajenas.