Se trata de la escalada pública de Javier Milei contra críticos y de la defensa cerrada de Manuel Adorni, después de una semana en la que, según La Nación, el Presidente dedicó 3,5 horas a insultos y responsabilizó al 95% de los periodistas por la reacción social.

¿Qué revela este espectáculo sobre la gobernabilidad?

Vemos un fenómeno dual: por un lado, la personalización extrema del poder; por el otro, el intento de blindar a cuadros cercanos aun cuando generan desgaste. La sesión de control al jefe de Gabinete duró siete horas, según el mismo diario, y dejó al oficialismo con alivio táctico pero sin respuestas públicas sobre el origen de bienes y gastos (La Nación). Ese alivio es temporal: la narrativa del jefe como víctima —“no me voy a dejar psicopatear”— agota la capacidad de persuasión cuando el malestar social sube desde el verano, tal como registra La Nación. La gobernabilidad no se sostiene con gritos ni con videos virales; se sostiene con institucionalidad: transparencia de expedientes, presentación de declaraciones juradas verificables y mecanismos de control que la ciudadanía pueda auditar.

¿Cómo impacta esto en la coalición y en las políticas públicas?

Vemos que la disputa interna —entre la familia presidencial, asesores como Santiago Caputo y figuras externas como Patricia Bullrich— transforma conflictos personales en riesgos para políticas públicas. El episodio del 1° de Mayo con un video institucional, y la celebración pública de Adorni junto a diputados, son gestos que no resuelven preguntas sobre patrimonio y uso de recursos. Además, La Nación consignó revelaciones sobre gastos en discotecas, free shops y chiringuitos cargados a tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina durante la gestión de Demian Reidel (La Nación). Ese tipo de hechos erosiona la promesa de moralidad estatal: si la consigna es “la moral como política de Estado”, entonces deben abrirse expedientes, facilitar su consulta y permitir una auditoría independiente que no dependa del aparato que se investiga.

¿Qué exigimos y qué caminos institucionales proponemos?

Exigimos, coherentes con nuestras posiciones previas, la publicación inmediata de todos los expedientes vinculados a las investigaciones sobre Adorni, Reidel, Vázquez y cualquier funcionario señalado (ya lo reclamamos el 2 de mayo para otros temas). Pedimos además una auditoría forense externa contratada por el Congreso y debate parlamentario público, con plazos y acceso a documentación. No es una persecución política: es un principio básico de rendición de cuentas. Si un funcionario invoca que “solo hablará ante la Justicia”, la transparencia administrativa y la fiscalización parlamentaria siguen siendo obligaciones mínimas del Ejecutivo. La congelación del sueldo presidencial hace más de dos años no reemplaza la obligación de explicar bienes y gastos personales o vinculados a la función (La Nación).

Conclusión: ¿qué le pasa al relato anticasta?

La etiqueta anticasta se vacía cuando sus actores aplican dobles estándares: perdonar ocultamientos o gastos opacos en nombre de la transformación equivale a reproducir lo que se juró combatir. Vemos que la reacción institucional apropiada no es la escenografía de apoyo en redes ni el insulto a la prensa, sino mecanismos verificables: publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario. Esos pasos no solo restauran legitimidad; protegen la gobernabilidad. Si el Gobierno quiere reconstruir confianza, debe aceptar reglas claras de transparencia, como las que venimos reclamando en otros ámbitos donde hubo intervención pública.