La Sociedad Colombiana de Anestesiología advirtió que la Resolución 695 de 2026 retiró combinaciones como acetaminofén con codeína e hidrocodona del Plan de Beneficios en Salud, llevando a 117 las tecnologías no financiadas por el sistema público (Resolución 695/2026, Ministerio de Salud y Protección Social).

¿Qué cambió y por qué importa?

La resolución actualiza la lista de exclusiones del PBS e incorpora tres nuevas exclusiones explícitas, además de la eliminación del código CIE-10 R298 del grupo asociado a dolor neuropático, según el anexo técnico del Ministerio (Ministerio de Salud y Protección Social, 2026). Para entender la magnitud: el Ministerio informó que el proceso incluyó una consulta ciudadana con representatividad superior a nueve millones de personas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2026). Ese dato debe contrastarse con la población estimada de Colombia, aproximadamente 51,5 millones en 2023 (DANE), lo que representa cerca del 17% del total. La discusión no es solo técnica: las combinaciones retiradas cumplían, según sociedades científicas, un papel intermedio en el tratamiento escalonado del dolor, entre analgésicos básicos y opioides de alta potencia (SCare, comunicado 2/5/2026). Por eso la decisión tiene impacto clínico y político simultáneamente.

¿Se abre un vacío terapéutico o se evita la prescripción inadecuada?

La Sociedad Colombiana de Anestesiología habla de un posible “vacío terapéutico” que, en algunos escenarios, podría empujar a los clínicos hacia el uso más temprano de opioides de mayor potencia (SCare, 2/5/2026). La discusión técnica debe partir de la evidencia: la Organización Mundial de la Salud plantea una escalera analgésica de niveles que identifica opciones para manejo escalonado del dolor; eliminar peldaños intermedios cambia la práctica clínica (OMS). Además, la prevalencia de dolor crónico es alta a nivel global; la OMS y revisiones sistemáticas estiman que aproximadamente 20% de la población adulta padece dolor crónico, lo que exige opciones terapéuticas diversas y seguras. La pregunta clínica es clara: ¿la exclusión reduce daños por uso inadecuado o simplemente traslada el riesgo hacia opioides de mayor potencia y complejiza la atención en cuidados paliativos y dolor crónico complejo?

Transparencia, evidencia y legitimidad: lo que exigimos

Vemos un patrón que se repite: decisiones técnicas de gran impacto social sin publicación completa de expedientes ni auditoría independiente generan desconfianza. El Ministerio afirma haber hecho un proceso participativo; la cifra de nueve millones es alta en términos absolutos, pero la legitimidad exige acceso al detalle de la consulta, a los criterios de evaluación y a las actas de participación de expertos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2026). Exigimos la publicación inmediata de los expedientes que sustentan la resolución, una auditoría independiente del proceso técnico-científico y la apertura de mesas técnicas con representación de sociedades científicas, veedurías ciudadanas y usuarios, como solicitó la SCare. Si la medida se mantiene, se deben definir excepciones clínicas claras para dolor oncológico, dolor crónico complejo, dolor mixto y cuidados paliativos.

Pasos concretos que deberían tomarse ahora

No se trata solo de objeción profesional: se trata de evitar daños y de preservar el derecho a la salud. Proponemos tres pasos concretos y verificables: 1) publicación íntegra del expediente administrativo y del anexo técnico que motivó la exclusión (Resolución 695/2026); 2) auditoría independiente, con informe público y plazos; 3) convocatoria a debate parlamentario y mesas técnicas en las que participen sociedades científicas, organizaciones de pacientes y organismos de control. La SCare ya pidió excepciones clínicas puntuales; incorporar esas excepciones en normativa complementaria no es un favor a la medicina, es una política de seguridad sanitaria. No aceptamos que decisiones que afectan el manejo del dolor queden solo en manos de un aparato técnico sin control público.

En resumen: la actualización puede tener justificaciones científicas, pero hoy faltan transparencia y controles que permitan verificar que la política sanitaria prioriza la seguridad del paciente, el acceso y la sostenibilidad del sistema en igualdad de condiciones.