El Ministerio de Salud decidió que el examen de ingreso a residencias en los hospitales nacionales se realizará en tabletas en lugar de papel: serán 100 preguntas de selección múltiple con puntaje de 1 punto por respuesta correcta, de acuerdo a la cobertura de La Nación y la comunicación oficial citada por ese medio. El cambio se aplica a vacantes en el Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer y otras dependencias nacionales, y llega tras el escándalo durante la evaluación del año pasado. Esta nota explica qué cambia en la práctica, qué riesgos quedan abiertos y qué exigencias mínimas debemos hacer como sociedad para que una reforma técnica no sea solo un parche que cubra problemas institucionales más profundos.

¿Soluciona realmente el cambio el problema que motivó la reforma?

La sustitución del papel por tabletas apunta a mitigar filtraciones y malas prácticas reportadas en la última evaluación; sin embargo, el hecho técnico no garantiza la integridad sin protocolos claros. El examen seguirá siendo de 100 preguntas, pero el cómo se protege la cadena de custodia de los dispositivos no fue detallado públicamente por la cartera sanitaria en la información difundida por La Nación. El calendario oficial marca el 30 de junio para enfermería, bioquímica y postbásicas y el 7 de julio para medicina; los resultados, según ese mismo reporte, se conocerán la semana del 27 al 31 de julio, y el ingreso se mantiene el 1 de septiembre. Cambiar el soporte sin transparencia en el software, en la gestión de credenciales y en la auditoría deja vulnerabilidades técnicas y administrativas que pueden replicar o incluso sofisticar los fraudes previos.

Transparencia y seguridad: preguntas que quedan

Las autoridades informan que un Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI) define contenidos y criterios y que “representantes de todas las instituciones formadoras” participan, según La Nación. ¿Quiénes son concretamente esos representantes? ¿Cuál es la metodología de selección de ítems? Además, se mantienen los 5 puntos adicionales para quienes cursaron la carrera en universidades del país —un bono que, según la fuente, no define aprobación pero afecta el orden de mérito— y el requisito de 60 puntos para aprobar las postbásicas. Esos son datos cuantitativos que deben acompañarse de microdatos y protocolos: cuántas tabletas se usan por sede, si hay detección remota de anomalías, políticas de retención de datos y quién tiene acceso a los registros de examen. Sin esas respuestas públicas no es posible evaluar si el cambio es una mejora real o una operación cosmética.

Riesgos de privacidad y captura institucional

El uso de dispositivos digitales abre otra línea de riesgo: la gestión de datos personales y de respuestas. Celebramos la digitalización que reduzca errores logísticos, pero exigimos claridad sobre almacenamiento, tiempo de conservación y terceros con acceso. La experiencia reciente muestra que cuando una institución concentra procesos sin auditoría independiente se generan incentivos de captura: protocolos hechos a medida, opacidad en las nóminas del comité y decisiones que benefician a determinados actores. Si el Ministerio no publica expedientes, microdatos y el reglamento técnico del examen, estaremos ante la misma práctica que criticamos en otras áreas del sistema de salud: cambios presentados como modernización que, en la práctica, consolidan poder sin controles externos.

Lo que exigimos: publicación, auditoría y debate parlamentario

No se trata de oponerse a la digitalización, sino de exigir condiciones mínimas. Pedimos la publicación inmediata del reglamento técnico completo, la lista pública y los currículums de los integrantes del CAEI, y la puesta a disposición de protocolos de seguridad informática y cadena de custodia. Además, proponemos una auditoría externa e independiente —con resultados públicos— antes de la primera ronda de exámenes y un debate parlamentario donde se habilite la supervisión de la metodología y la protección de datos. Ya hemos planteado demandas similares en salud y tecnología: transparencia, auditoría y debate (posiciones del 6 y 7 de mayo). Sin esas medidas, cualquier reforma técnica corre el riesgo de ser un maquillaje que alivie el ruido mediático, pero no cambie las prácticas de captura y opacidad que afectan a los profesionales y a quien paga el sistema con sus impuestos.