El lenguaje cotidiano presenta al Estado y al mercado como fuerzas opuestas. Esta dicotomía es útil para pugnas electorales pero empobrece el análisis cuando se trata de entender cómo se organizan las economías a largo plazo. Vemos al mercado como un conjunto de prácticas, instituciones y reglas que facilitan la asignación de precios, riesgo y capital. Esos arreglos no emergen del aire: alguien los diseña, los instituye y los cuida. Ese alguien suele ser el Estado.

Mercado como artefacto institucional

La idea central que proponemos es sencilla y a la vez subversiva frente a la mitología del mercado autorregulado. Un mercado es un artefacto institucional compuesto por normas jurídicas, infraestructura física y digital, estándares de medición, sistemas de pago, información pública y agencias que supervisan cumplimiento y producen conocimiento. Sin estas piezas, el intercambio queda fragmentado, costoso y arriesgado.

Pensemos en ejemplos concretos. El registro de propiedad hace posible el crédito: sin títulos fiables, los bancos no prestan a largo plazo. Las normas contables y los tribunales hacen creíbles los contratos. Los sistemas de pagos interbancarios sostienen liquidaciones que permiten transacciones en tiempo real. Estas realizaciones técnicas son parte del capital público mínimo para que existan mercados modernos.

Herramientas de mercado que provienen del Estado

Podemos agrupar las herramientas por función.

  • Legitimación y orden jurídico. Ley de sociedades, derecho contractual, mecanismos de resolución de disputas y protección de derechos de propiedad.
  • Infraestructura física y digital. Puertos, carreteras, redes eléctricas, banda ancha, plataformas de pago y registros públicos.
  • Unidades de medida y estándares. Pesos y medidas, normas de calidad, certificaciones y patentes.
  • Provisión de riesgos y liquidez. Bancos centrales, seguros públicos, mercados de capitales; el Estado puede ser prestatario de última instancia.
  • Información y conocimiento. Estadísticas oficiales, supervisión prudencial, auditorías y registros de crédito.
  • Compras públicas. La demanda estatal crea mercados para bienes y servicios y define estándares técnicos y ambientales.

Estas herramientas no son neutrales: la forma en que se diseñan determina quién puede participar, qué incentivos existen y cómo se distribuyen las rentas.

Tres cifras que iluminan el argumento

Los datos muestran que el Estado está presente en la economía con intensidad variable, pero persistente. Por ejemplo, la Inversión Extranjera Directa global registró una caída del 35% en 2020 respecto de 2019, un efecto directo de la disrupción sanitaria y de las decisiones públicas relacionadas con movilidad y comercio (UNCTAD, 2021). La magnitud del gasto público en los países avanzados antes de la pandemia rondaba el 41% del PIB en promedio, lo que da cuenta del papel fiscal del Estado como proveedor de bienes públicos y regulador de mercados (OCDE, 2019). A su vez, la actividad innovadora privada se apoya en regímenes públicos de patentes y normas: las solicitudes de patentes a nivel mundial superaron los 3,3 millones en 2019, un volumen que refleja la interacción entre política pública, inversión privada y sistemas de protección intelectual (WIPO, 2020).

Esos números no prueban una tesis ideológica. Señalan que las economías contemporáneas combinan capacidades estatales y privadas a escala masiva. Cuando el Estado falla en sus tareas técnicas —registro defectuoso, infraestructura en mal estado, supervisión laxa— los mercados resultan menos eficientes y más concentrados.

Dos estudios de caso breves

Caso 1: sistemas de pago y centralización. La existencia de pagos digitales seguros exige tres cosas: confianza en la moneda, interoperabilidad técnica y reglas claras para liquidación. La creación de cámaras interbancarias y la regulación de sistemas de pago han sido obras estatales o público-privadas que redujeron costos de transacción y ampliaron la inclusión financiera. Cuando estas piezas faltan, surgen soluciones privadas fragmentadas que aumentan fricciones y comisiones.

Caso 2: mercados regulatorios para la energía. La liberalización de mercados eléctricos en varios países puso en primer plano la necesidad de diseñar reglas para la entrada, la operación del sistema y los contratos de respaldo. Los países que improvisaron marcos regulatorios enfrentaron cierre de inversiones y juegos de poder. Los que diseñaron reglas claras, con agencias independientes y marcos de planificación, consiguieron mayor competencia y menores precios reales. El diseño institucional aquí hizo la diferencia entre mercados funcionales y mercados capturados.

Fallos y límites del mercado hecho por el Estado

Diseñar mercados no garantiza justicia ni eficiencia. Existen fallos típicos:

  • Captura regulatoria. Cuando industrias cooptan agencias reguladoras, las reglas favorecen rentas privadas.
  • Fragmentación normativa. Multiplicidad de requisitos duplicados impide entrada de nuevos competidores.
  • Mantenimiento insuficiente. Infraestructura que no se mantiene degrada la capacidad de los mercados para operar.
  • Externalidades no internalizadas. Mercados sin mecanismos que tomen en cuenta efectos ambientales o sociales producen resultados socialmente subóptimos.

Estos fallos son técnicos pero también políticos. Requieren instrumentos de gobernanza: transparencia, rendición de cuentas, independencia técnica y participación ciudadana.

Mercado y democracia: el problema de la legitimidad

No basta con eficiencia técnica. Los mercados requieren legitimidad para operar en sociedades democráticas. Ello implica dos desafíos. Primero, acuerdos sobre reglas deben ser visibles y revisables: los ciudadanos necesitan entender por qué se establecen ciertos mercados y quiénes se benefician. Segundo, la provisión de bienes públicos que facilitan mercados —salud, educación, estadística, orden público— exige mecanismos de control democrático para evitar que la creación de mercados termine concentrando poder económico sin contrapesos.

Desde esta perspectiva, el debate público no debería centrarse únicamente en el tamaño del Estado, sino en su carácter: qué capacidades técnicas mantiene, cómo se rinde cuentas y qué instituciones preservan la competencia y el acceso.

Un menú de políticas para quienes desean construir mejores mercados

Proponemos un conjunto de prioridades prácticas que atraviesan ideologías.

  • Invertir en capacidades técnicas públicas. Oficios administrativos especializados, formación en regulación, estadística y diseño contractual son insumos públicos de alta productividad.
  • Diseñar reglas con experimentación y aprendizaje. Pilotos reguladores, cláusulas de revisión y métricas de desempeño facilitan correcciones tempranas.
  • Mantener infraestructura y estándares. La inversión pública no es solo inauguración: es mantenimiento, modernización y actualización de estándares técnicos.
  • Transparencia y control ciudadano. Registros abiertos, procedimientos de contratación pública y auditorías independientes reducen la captura.
  • Pensar la distribución al diseñar mercados. Instrumentos complementarios, como impuestos progresivos o transferencias focalizadas, pueden corregir desigualdades generadas por mercados nuevos.

Estas políticas requieren más oficio que retórica. Hablamos de curaduría institucional: saber cuándo abrir mercados, cómo cerrarlos si fallan y cómo acompañar a grupos vulnerables en la transición.

Una advertencia final sobre la retórica

Es frecuente reducir la discusión a una falsa elección: más Estado o más mercado. Esa dicotomía oscurece la pregunta útil: con qué reglas, con qué instituciones y con qué oficio público se quieren construir mercados que sirvan a sociedades libres y equitativas. El riesgo no es el tamaño del Estado per se, sino su calidad técnica y democrática.

Si la literatura quiere aportar a esa conversación, debe dejar de lado generalidades y entrar en la tecnología institucional. La política pública eficaz combina análisis empírico, diseño legal y atención a procesos administrativos cotidianos. En esto no hay atajos: el oficio estatal es tan decisivo como la creatividad empresarial. Lo que un país obtiene en términos de mercados robustos depende de ambas cosas.

Preguntas frecuentes

¿El Estado siempre debe crear mercados cuando faltan?

No. La creación estatal de mercados debe evaluarse caso por caso: cuando existe una falla de coordinación o bienes públicos insuficientes, el Estado puede habilitar mercados, pero la decisión exige análisis de costos, diseño institucional y mecanismos de supervisión para evitar captura.

¿Cómo se mide si un mercado está bien diseñado?

Un mercado bien diseñado reduce costos de transacción, facilita competencia efectiva, internaliza externalidades relevantes y es transparente. Medirlo requiere indicadores de entrada y concentración, calidad del servicio, costos administrativos y evaluaciones de impacto social.

¿Qué papel tienen las compras públicas en la creación de mercados?

Las compras públicas actúan como demanda inicial que puede crear economías de escala, establecer estándares técnicos y estimular innovaciones. Bien usadas, las compras públicas articulan incentivos y pueden orientar mercados hacia objetivos sociales y ambientales.

¿Puede el diseño de mercados corregir desigualdades económicas?

El diseño institucional puede mitigar algunas desigualdades mediante reglas de acceso, compras públicas inclusivas y marcos regulatorios que fomenten competencia, pero suele ser necesario combinar estas medidas con políticas redistributivas para obtener justicia distributiva.

Cómo evitar la captura regulatoria en mercados nuevos?

La prevención exige reglas de transparencia, mandatos limitados y técnicos para agencias reguladoras, procedimientos abiertos de consulta y auditorías independientes. Además conviene fomentar pluralidad de actores y revisión judicial expedita.