La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó movimientos por criptomonedas por al menos USD 349.640 y registros enviados por más de 20 exchanges, según Infobae, lo que reaviva dudas sobre la correspondencia entre gastos y su última declaración jurada (Infobae, 10/5/2026).

¿Qué encontraron los investigadores?

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita pidió información a más de 20 plataformas de activos digitales —entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango— y obtuvo legajos con movimientos de entrada y salida en BTC, ETH y USDT (Infobae, 10/5/2026). Además, se solicitaron informes a bancos digitales como Mercado Pago, Brubank y Open Bank y al Banco Central que incluya el historial desde el 1° de enero de 2022 hasta la fecha (Infobae, 10/5/2026). En la última declaración jurada cerrada al 31/12/2024 Adorni consignó USD 42.500 en bienes, una caja de ahorro en EEUU con USD 6.220,23 y un patrimonio total de $107.894.833,66 (Infobae, 10/5/2026). Estos elementos operativos explicitan que la pesquisa combina rastreo bancario tradicional y trazabilidad de criptoactivos.

Trazabilidad digital: ¿puede la Justicia seguir el rastro?

La novedad no es que existan cripto-movimientos sino que la investigación suma análisis de trazabilidad para convertir direcciones y exchanges en datos judicialmente útiles. Según el expediente, ya llegaron reportes de más de 20 exchanges y se aguardan billeteras virtuales para precisar montos totales (Infobae, 10/5/2026). El cambio de método exige coordinación internacional: muchas plataformas operan con jurisdicciones y políticas de privacidad distintas, y la cooperación tarda. Aun así, la Justicia pidió al BCRA y a proveedores locales las direcciones IP y registros asociados, un paso que, si se transparenta, puede mostrar cómo se movieron fondos y si hubo triangulaciones con cuentas y productos financieros (Infobae, 10/5/2026). La pregunta práctica es si ese rastro será completo y verificable en sede pública.

Dudas patrimoniales: cifras que no cierran

Los movimientos detectados contrastan con gastos declarados y testimonios del expediente. La fiscalía señaló erogaciones por viajes y reformas que suman USD 349.640 en poco más de un año (Infobae, 10/5/2026). Testigos y documentos mencionan USD 4.800 por un vuelo a Punta del Este, USD 5.140 por un regreso desde Nueva York, USD 5.800 por un viaje a Aruba y USD 8.900 en hospedaje; el contratista Matías Tabar declaró que las remodelaciones insumieron USD 245.000 en efectivo y sin factura (Infobae, 10/5/2026). Todo esto contrasta con ingresos y bienes reportados al 31/12/2024, lo que obliga a verificar si hubo omisión de activos —por ejemplo, criptoactivos— que la normativa exige declarar entre bienes personales (Infobae, 10/5/2026). La diferencia entre gastos y lo declarado no es sólo un detalle técnico: es el núcleo del control republicano sobre el ejercicio público.

Qué exigimos: publicación, auditoría y debate parlamentario

No nos alcanza con comunicados del funcionario ni con la promesa de una declaración próxima: como exigimos el 9 de mayo de 2026 en materia económica, pedimos ahora publicación de expedientes clave, auditoría independiente de los registros bancarios y cripto y debate parlamentario público sobre la trazabilidad y sanciones (posiciones previas, 2026-05-09). La transparencia es condición necesaria para cortar la percepción de captura institucional: si las plataformas, el BCRA y la fiscalía entregaron datos, esos legajos deben poder ser auditados por peritos externos designados por el parlamento y difundidos en formatos que protejan a terceros pero no oculten el destino de fondos públicos o de funcionarios. Exigimos también que se aclare si hubo incumplimiento de la obligación de declarar criptoactivos y si esas omisiones fueron sustantivas. Sin estos pasos, la investigación seguirá siendo un intercambio entre partes cerradas y la ciudadanía no tendrá certezas.

En suma, la investigación por movimientos en criptomonedas no es una anécdota tecnológica: es un test sobre la capacidad del sistema judicial y político para seguir el rastro del dinero en la era digital. Vemos un avance técnico en Comodoro Py; exigimos ahora que ese avance venga acompañado de controles públicos, auditores independientes y debate legislativo para que la respuesta sea más que una puerta cerrada entre la fiscalía y el imputado (Infobae, 10/5/2026).