Se trata de un régimen que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya reúne a 80.000 contribuyentes y facilita el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero.

¿Qué es exactamente y quién puede adherir?

El Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las Ganancias permite a personas humanas y sucesiones indivisas adherir desde los períodos iniciados el 1 de enero de 2025, según la comunicación oficial de ARCA. El régimen exime a los adherentes de la obligación de informar su patrimonio, y establece topes claros: ingresos totales de hasta $1.000.000.000 y patrimonio total de hasta $10.000.000.000, según la Resolución General 5704 citada por la agencia. ARCA también recordó que la adhesión se realiza por el servicio con clave fiscal Sistema Registral y que el vencimiento para el período fiscal 2025 opera en junio, según la misma comunicación. Por último, ADCAP informó que las adhesiones más que duplicaron en los últimos 20 días, lo que indica un ritmo de ingreso acelerado y una decisión masiva de regularizar activos en efectivo.

¿Cómo impacta esto en el mercado y las finanzas públicas?

El efecto real sobre la liquidez bancaria y la recaudación dependerá del volumen de dólares que efectivamente se depositen o se declaren, información que aún no es pública. Si 80.000 adhesiones se traducen en depósitos significativos, pueden aumentar la oferta de divisas en el sistema financiero y aliviar tensiones de liquidez locales; si predominan adhesiones simbólicas sin ingreso efectivo, el impacto será menor. El régimen también cambia incentivos: según ADCAP, el texto busca incentivar el ingreso de ahorros no declarados al sistema formal, pero sin la obligación de detallar patrimonio la fiscalización queda limitada. Además, la obligatoriedad de convalidar la adhesión para el período 2025 hasta la fecha de vencimiento general (por Resolución General 5692 y 5704) genera un pulso temporal que puede concentrar operaciones y decisiones antes de junio.

¿Qué riesgos de opacidad y arbitrariedad vemos?

La norma permite ahorro de procedimientos administrativos pero reduce información disponible para control fiscal. Eximir de informar patrimonio facilita la adhesión y acelera trámites, pero también disminuye la trazabilidad sobre origen y magnitud de activos que se incorporan al sistema financiero. Los acelerones en las adhesiones —duplicadas en 20 días según ADCAP— deberían motivar a las autoridades a publicar cifras sobre montos ingresados, composición por tipo de activo y controles anti lavado aplicados. Sin esos datos públicos, queda abierta la posibilidad de que el régimen funcione como una amnistía de hecho para ciertos ahorros sin auditoría ni debate parlamentario.

¿Qué exigimos y qué camino institucional proponemos?

Vemos que una medida con alcance fiscal y financiero exige más que una comunicación administrativa. Exigimos publicación de expedientes de instrumentación del régimen, reporte público de los montos ingresados y sus orígenes, auditoría independiente sobre la implementación y debate parlamentario que esclarezca objetivos y control. Lo pedimos con base en hechos: 80.000 adhesiones reportadas por ARCA, los topes de $1.000.000.000 en ingresos y $10.000.000.000 en patrimonio consignados en la normativa, y la aceleración de adhesiones señalada por ADCAP. No es retórica: es necesidad de trazabilidad y de evitar doble estándar entre lo que se proclama como formalidad y lo que realmente se permite. Sin transparencia, este tipo de medidas alimenta sospechas de captura y erosiona la confianza ciudadana en la administración tributaria.