Argentina tiene hoy 44 adultos con título universitario por cada 1.000 —frente a 123 en Brasil y 194 en Chile—, según la OCDE. Ese dato central obliga a repensar qué cuenta como ‘‘resultado’’ de la universidad pública: no solo diplomas finales, sino certificación de trayectos y articulación con el mercado laboral. Vemos que el problema no es solo la cantidad de ingresantes sino la capacidad del sistema para certificar y reconocer el aprendizaje intermedio en vidas de trabajo.

La evidencia básica

Los números importan porque revelan un desajuste estructural. La OCDE coloca a la Argentina en 44 titulados por 1.000 adultos, contra 123 por 1.000 en Brasil y 194 por 1.000 en Chile (datos OCDE). Además, la Secretaría de Políticas Universitarias admite que los planes diseñados para completarse en 5 años se realizan en la práctica “casi el doble” del tiempo previsto (según la Secretaría de Políticas Universitarias). Esa disparidad entre diseño y ejecución es una señal clara de fallas institucionales: planes rígidos, falta de reconocimiento de trayectos y universidades poco permeables para quienes trabajan.

No se trata de minimizar el valor de las humanidades ni de usar la universidad como mera fábrica de mano de obra. Se trata, como advertía Hayek, de desconfiar de la pretensión de conocimiento centralizado: el diseño curricular debe salir de la intersección entre demanda laboral real y autonomía académica, no de una lista cerrada impuesta desde arriba.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Un sistema que no certifica aprendizajes intermedios genera señales distorsionadas para empleadores y desperdicia capital humano. Cuando alguien cursa dos o tres años y no recibe acreditación oficial, su formación queda invisible para el mercado y para las políticas públicas. Eso aumenta la fricción de búsqueda de empleo, prolonga la informalidad y reduce la productividad agregada.

La propuesta de priorizar áreas estratégicas —campo, energía, minería, transporte, tecnología— no es descartable, pero choca con la captura del Estado si el diseño queda a manos de intereses organizados. Si el Estado decide qué carreras financiar sin datos abiertos y auditorías independientes, lo que se pretende corregir será capturado por rent-seeking. Por eso la política debe combinar incentivos públicos con señales del mercado y evaluación independiente.

Reformas prácticas: títulos intermedios, modularidad y control público

Proponemos tres cambios operativos. Primero, emitir títulos intermedios oficiales —certificados de pregrado por tramos de 2–3 años— que sean equivalentes a microcredenciales reconocidas por el mercado. Segundo, modularizar las carreras y reconocer experiencia laboral y aprendizaje previo con procedimientos estandarizados. Tercero, incorporar la tecnología (incluida la IA) en currículos, pero bajo protocolos públicos, datos abiertos y auditorías independientes sobre decisiones docentes y de contratación, tal como exigimos para otros ámbitos culturales y tecnológicos.

Estas reformas requieren métricas sencillas: seguimiento de inserción laboral a 6 y 24 meses, tasas de reconocimiento de créditos por movilidad laboral y evaluación externa de programas. Los datos deben publicarse abiertamente para evitar la captura del Estado y permitir que la dispersión del conocimiento en el mundo productivo informe el diseño curricular. No proponemos más gasto por gasto: proponemos reasignar recursos hacia mecanismos que produzcan certificados verificables y resultados medibles.

En síntesis, la universidad pública puede y debe ser útil al país sin renunciar a su autonomía intelectual. Pero para eso necesitamos menos planificación autorreferencial y más evidencias, transparencia y controles independientes: protocolos públicos, datos abiertos y auditorías que prevengan consecuencias no intencionadas y la captura por intereses particulares.