La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal con un plazo de diez días para los empleados que residen allí, alrededor de 50 personas según la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y anunció que, si no se cumple, se avanzará con la intervención de la fuerza pública (según AABE). El expediente llega en paralelo a un proyecto oficial que propone concesionar el predio por 30 años para “atraer inversión privada” y reducir los costos de mantenimiento, de acuerdo a Agencia Noticias Argentinas, lo que pone en tensión el destino de un ícono del turismo social inaugurado en la década de 1950 (según “La realidad es superior a la idea”). Vemos un conflicto que combina decisión judicial, medidas administrativas y una discusión política sobre la privatización de bienes del Estado.

¿Qué dice la Justicia y quiénes quedan afectados?

La orden de desalojo fue notificada a cerca de 50 trabajadores de mantenimiento que residen en el predio, según la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y la misma AABE fijó un plazo de 10 días antes de proceder con la fuerza pública en caso de incumplimiento (según AABE). El fallo judicial se produce mientras el sindicato ATE promovió un amparo para frenar la medida y legisladores provinciales piden que el complejo pase a control provincial (según la nota original). El predio se ubica a unos 25 kilómetros al sur de Mar del Plata (según “La realidad es superior a la idea”) y alberga nueve hoteles, por lo que el desalojo implica no solo una cuestión laboral sino la potencial pérdida de capacidad operativa del turismo social si el proceso continúa sin debate público.

¿Qué implica la concesión por 30 años para el patrimonio y el servicio público?

La propuesta oficial de concesión por 30 años fue difundida por Agencia Noticias Argentinas como la herramienta elegida para “recuperar las instalaciones y disminuir los costos de mantenimiento”, pero una concesión de esa duración transforma la naturaleza del bien: de un servicio público orientado al acceso de familias trabajadoras a un activo con incentivos de rentabilidad privada (según Agencia Noticias Argentinas). El complejo, inaugurado en la década de 1950 con financiamiento de la Fundación Eva Perón y compuesto por nueve hoteles, cumple aproximadamente 70 años de existencia en 2026 (según “La realidad es superior a la idea”), por lo que cualquier cambio estructural requiere examen patrimonial y social. ¿Quién paga el mantenimiento hoy y quién obtendrá las ganancias si se concesiona por tres décadas? Sin transparencia en los expedientes, las respuestas quedan en manos del aparato administrativo.

¿Cómo impacta esto en el turismo social y en la política local?

Chapadmalal es símbolo del turismo social argentino: facilitar vacaciones de la costa a familias trabajadoras fue su propósito fundacional en los años 50 (según “La realidad es superior a la idea”). La decisión de desalojar a 50 empleados en 10 días (AABE) y la intención de concesionar por 30 años (Agencia Noticias Argentinas) embarran ese legado con prisas administrativas y sin debate público visible. Políticamente, el caso se inserta en una discusión más amplia sobre gestión estatal y captura: cuando el Estado pone en juego un bien social y lo entrega a privados, debemos exigir datos sobre costos, inversiones previstas y cláusulas de acceso social; sin esos números corre el riesgo de convertirse en una operación de captación de activos bajo la fachada de recuperación.

Qué pedimos: transparencia, auditoría y debate parlamentario

La ciudadanía y los usuarios del turismo social merecen respuestas concretas: que se publiquen los expedientes que motivan el desalojo y la concesión (qué cláusulas, plazos, adjudicatarios potenciales), que se realice una auditoría independiente sobre costos de mantenimiento y gasto público en el predio, y que el tema pase por el Congreso o la Legislatura provincial para un debate público y vinculante; lo exigimos con la misma consistencia con que pedimos transparencia en otras decisiones administrativas. Si la intención es mejorar la infraestructura, el contrato de concesión debe garantizar el acceso social, controles de inversión y cláusulas reversibles; sin esas condiciones, una concesión de 30 años (según Agencia Noticias Argentinas) será principalmente una transferencia de control de un bien colectivo a intereses privados.