El Gobierno y la Mesa de Enlace iniciaron una ronda técnica para discutir una nueva ley de semillas que, según los rurales, mantiene el “uso propio” gratuito hasta 500 hectáreas (La Nación, 7/4/2026). La reunión, que continuó los intercambios iniciados en Expoagro hace casi un mes (La Nación, 7/4/2026), dejó claro que hay puntos de acuerdo táctico y otros de fondo aún muy conflictivos, sobre todo la eventual adhesión a UPOV-91.

¿Qué se puso sobre la mesa y quién participa?

La discusión técnica analizó punto por punto la propuesta de la Mesa de Enlace —integrada por SRA, CRA, FAA, Coninagro, CREA, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) como representante de la industria—, es decir siete actores principales mencionados en la reunión (La Nación, 7/4/2026). Se repasó la vigencia de la Ley N° 20.247, sancionada en 1973, que hoy reconoce el derecho del obtentor y garantiza el uso propio gratuito en el marco del Acta UPOV-1978 (La Nación, 7/4/2026). Los técnicos debatieron también límites por superficie, fiscalización y el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase). El dato operativo más concreto es el artículo 27 de la propuesta de la Mesa de Enlace: mantiene gratuidad hasta 500 hectáreas y grava solamente la superficie excedente (La Nación, 7/4/2026). Esa combinación de parámetros técnicos y política explica por qué la agenda pasa de lo retórico a lo reglamentario.

¿Por qué genera resistencia la adhesión a UPOV-91?

La reticencia del sector productivo no es abstracta: UPOV-91 amplía derechos de los obtentores y en varios casos exige autorización para reutilizar semilla, extendiendo el control incluso sobre el grano cosechado, según la cobertura periodística de la reunión (La Nación, 7/4/2026). Esa ampliación plantea dos riesgos concretos: mayor costo para el productor y mayor concentración de mercado en empresas tituladas como obtentoras. La industria semillera —la ASA fue convocada pero aún no integrada plenamente a las reuniones— tiene un interés directo en esos cambios (La Nación, 7/4/2026). Nosotros vemos que el debate técnico suele camuflarse en términos legales pero se reduce a quién obtiene renta y bajo qué reglas; por eso preguntamos por la evidencia empírica que justifique transferir derechos a obtentores sin medidas claras de competencia y control estatal. El Gobierno anunció además un plan para fortalecer la fiscalización del Inase, lo que no elimina la necesidad de transparentar expedientes y costos regulatorios (La Nación, 7/4/2026).

¿Qué debe exigirse desde la política pública y qué implica para el productor?

El primer requisito democrático es transparencia: que se publiquen los expedientes, las simulaciones de impacto económico y los acuerdos con la industria antes de someter cualquier texto al Congreso. Vemos, además, que la discusión técnica no exime decisiones políticas de gran alcance: modificar el marco de derechos de semillas altera la distribución de ingresos del agro y condiciona prácticas históricas como el uso propio. El sector pide una ley que “dure 20 años y le sirva al productor”; eso es legítimo, pero debemos exigir datos que demuestren efectos sobre precios, semillas guardadas y concentración, además de un plan de fiscalización real para el Inase (La Nación, 7/4/2026). En coherencia con nuestra posición previa, apoyamos el diálogo técnico pero exigimos publicación de expedientes, auditoría independiente y debate parlamentario antes de cualquier adhesión a UPOV-91 o cambio que involucre activos regulatorios y derechos de terceros.