El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) marcó 5 puntos en enero de 2026, consolidando a los hogares argentinos en el estadio de “Fragilidad Familiar” y registrando el noveno aumento mensual consecutivo desde abril de 2025, según el informe del Congreso.

Este dato resume tendencias simultáneas: pérdida de empleo formal, cierre de empresas y erosión del salario real, con impactos que ya se reflejan en la capacidad de pago de las familias.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

La fotografía del mercado laboral es nítida en cifras del propio informe: en enero se perdieron 2.667 puestos de trabajo en el sector privado y, desde noviembre de 2023, la caída acumulada asciende a 203.595 asalariados formales (según el IVFC). El indicador sectorial liga esas pérdidas a un valor de 6,17 puntos, ubicando al mercado laboral en un estadio avanzado de crisis (IVFC).

En el entramado productivo la hemorragia también es visible: 1.572 unidades productivas cerraron solo en enero, y desde noviembre de 2023 desaparecieron 24.200 empresas, con niveles de actividad que el informe compara con los de la pospandemia de 2021 (IVFC). Estas cifras explican, entre otras cosas, por qué la demanda de empleo formal no se recupera: la oferta de puestos se contrae y la estructura productiva se ajusta a la baja.

¿Por qué no llega la recuperación a los hogares?

El informe subraya una moderada expansión en sectores como minería y agro que no se traduce en empleo formal. Este fenómeno —baja capacidad de generación de puestos en actividades en alza— es clásico en procesos de crecimiento con baja intensidad laboral. Además, la pérdida de poder adquisitivo opera como doble castigo: el salario real registrado cayó a 92,1 puntos desde la base 100 de noviembre de 2023 (pérdida de 7,9%), y si se deflacta por el IPC Federal el índice baja a 86,5 puntos (pérdida de 13,5%), según el IVFC.

La tensión financiera de los hogares agrava el cuadro: la morosidad alcanzó 9,3% en diciembre de 2025 —el valor más alto reportado por el BCRA desde 2010— y los datos preliminares de febrero de 2026 la ubican en 10,6% (BCRA). Son 14 meses de subas consecutivas en la irregularidad crediticia que reducen la capacidad de consumo y profundizan la fragilidad.

Qué pedir y por qué importa pensar a largo plazo

Ante este diagnóstico, la primera exigencia es transparencia: los indicadores públicos deben acompañarse de datos abiertos y auditorías independientes para evitar interpretaciones sesgadas y captura del Estado por intereses particulares. Pedimos que el IVFC y las series microeconómicas disponibles tengan acceso público y sean auditables por terceros independientes; la credibilidad de las estadísticas es condición necesaria para cualquier política eficaz.

En segundo lugar, las medidas deben orientarse al empleo formal y a la sostenibilidad fiscal. No hay atajo: reducir la presión tributaria sobre el trabajo y simplificar regulaciones que dificultan la creación de empresas son condiciones para que la recuperación sea inclusiva. Al mismo tiempo, es imprescindible evitar subsidios mal dirigidos que beneficien a sectores concentrados mientras las familias ven caer su salario real. Son recomendaciones con sentido de largo plazo: la política económica debe medir consecuencias no intencionadas y evitar la pretensión de diseño omnisciente.

En palabras de Hayek, “la tarea curiosa de la economía es demostrar a los hombres cuán poco saben sobre lo que imaginan poder diseñar”; de ese principio se desprende una política mínima: datos sólidos, transparencia y disciplina estructural para que la aparente recuperación no quede confinada a unas pocas cifras positivas sin impacto en la vida cotidiana.