La mañana del 9 de abril de 1953 se encontró muerto a Juan Ramón Duarte en su departamento de la avenida Callao 1944; tenía 38 años y la causa fue cerrada como suicidio pocas horas después (según la reconstrucción publicada por Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). Esta nota reconstruye las últimas horas, enumera las irregularidades señaladas por investigaciones posteriores y plantea por qué, siete décadas después, la sociedad tiene derecho a respuestas claras y acceso a los expedientes.

¿Qué dicen los hechos documentados?

La cronología básica tiene números precisos: Duarte nació en 1914 y fue hallado la mañana del 9 de abril de 1953, alrededor de las 7:30 (según la reconstrucción publicada por Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). El 6 de abril de 1953 —tres días antes— una comisión interna había entregado conclusiones que cuestionaban su patrimonio (según la misma fuente, 9/4/2026). La resignación política y la crisis personal parecen confluir: la Secretaría de la Presidencia registró su renuncia el 6 de abril y el 8 intentó una última entrevista con Perón, sin éxito (Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). Estos datos importan porque muestran un intervalo breve entre el diagnóstico político y la muerte, no un proceso largo y transparente.

¿Cuáles son las irregularidades que sostienen la sospecha?

Las anomalías procesales descritas en la reconstrucción son puntuales y cuantificables. No se ordenó una autopsia inmediata y el cuerpo fue entregado a la familia en pocas horas (Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). En la escena apareció un revólver calibre .38, pero peritajes posteriores atribuyeron el orificio craneal a un calibre .45; la discrepancia técnica nunca quedó explicada públicamente (Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). Además, las pruebas dermotest para rastros de pólvora en las manos se extraviaron o no fueron procesadas correctamente. Si en 1953 se permitieron estas faltas en un caso de alto perfil, la pregunta es si hubo voluntad institucional de cerrar la investigación más que de buscar la verdad.

¿Por qué nos debe importar hoy y qué pedimos?

La muerte de Duarte ocurrió un año después del fallecimiento de Eva Perón en 1952, en un contexto donde las decisiones administrativas sobre permisos de importación y fondos de fomento concentraban poder y dinero (Santa Casilda de Toledo, 9/4/2026). Vemos aquí una lección concreta: cuando el Estado investiga a sus propios círculos, la transparencia debe ser máxima. Exigimos, por lo tanto, que se publiquen los expedientes originales, que el Archivo General de la Nación facilite el acceso y que se realice una auditoría independiente de las actuaciones judiciales y policiales relacionadas con el caso. No es una demanda simbólica: es pedir que la memoria pública tenga documentación verificable y que los relatos oficiales se contrapongan con pruebas.

Los relatos históricos se construyen entre lo dicho y lo demostrado. La reconstrucción reciente vuelve a poner sobre la mesa tres hechos verificables (fecha de hallazgo, discrepancia de calibre, ausencia de autopsia inmediata) que requieren una respuesta pública. Celebramos que la investigación periodística recupere el tema; al mismo tiempo, observamos que no alcanza con relatos emocionales: hace falta apertura de archivos, peritajes reabiertos cuando sea posible y una auditoría que determine responsabilidades institucionales. Sin eso, la muerte de Juan Ramón Duarte seguirá siendo una pieza más del rompecabezas de impunidad y captura institucional que cuesta separar del poder del momento.